Del Priísmo Tradicional al "Neo PRI" Militarizado
La promesa de un "gobierno diferente" impulsada por Morena se ha visto cuestionada por patrones que remiten al autoritarismo del PRI clásico. Esta metamorfosis se apoya en tres ejes estructurales:
Centralización del Poder: La administración de López Obrador ha consolidado un modelo de gobernanza donde el Ejecutivo concentra un control significativo sobre las decisiones políticas y económicas. La disolución o debilitamiento de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la subordinación del Poder Legislativo reflejan un retorno al presidencialismo hegemónico del PRI, donde la figura presidencial era el núcleo indiscutible, según *El Economista* (15 de junio de 2025). Esta concentración restringe la fiscalización y propicia la opacidad.
Militarización Progresiva: Un rasgo distintivo de esta etapa es la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas. El *International Crisis Group* (24 de mayo de 2024) documenta cómo el Ejército ha asumido funciones civiles, incluyendo la construcción del Tren Maya, la gestión de aduanas, la operación de la aerolínea Mexicana de Aviación y la administración de bancos. Con un presupuesto militar que alcanzó los 130,000 millones de pesos en 2024 (*Secretaría de Hacienda y Crédito Público*), y ante la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, esta militarización genera un entorno propicio para la corrupción. La falta de transparencia en proyectos como el Tren Maya, con costos estimados en 360,000 millones de pesos (*Forbes México*, 10 de julio de 2025), alimenta sospechas de desvíos, especialmente cuando se vincula al narco-militarismo—la infiltración de intereses del crimen organizado en estructuras militares.
Clientelismo y Control Social: Los programas sociales, como "Sembrando Vida" y "Pensión para el Bienestar", han beneficiado a millones, con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportando una reducción de 5 millones de personas en pobreza extrema entre 2018 y 2024. Sin embargo, *Reforma* (20 de julio de 2025) critica su diseño centralizado, sugiriendo que operan como instrumentos de control político, reminiscentes de las redes clientelares del PRI. La entrega directa de recursos refuerza la dependencia del Estado, consolidando el poder del líder en turno.
La Reaparición de Viejos Rostros y Nuevas Alianzas
La aspiración de "purificar" la política mexicana se ha visto frustrada por la integración de figuras provenientes de partidos tradicionales. Expriístas como Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y exfuncionarios con historiales controvertidos, han ocupado posiciones estratégicas. Bartlett, cuestionado por irregularidades en su declaración patrimonial (*Animal Político*, 5 de mayo de 2023), y Alejandro Gertz Manero, fiscal general señalado por conflictos de interés (*Proceso*, 12 de junio de 2025), encarnan esta continuidad.
Además, al concluir su mandato, López Obrador ha designado a exmiembros del PRI como embajadores en el extranjero, otorgándoles fuero y distancia geográfica, un contraste marcado con el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), quien al inicio de su administración encarceló a gobernadores corruptos de su partido, como Javier Duarte de Oaxaca y Roberto Borge de Quintana Roo (*El Universal*, 2016-2017). Esta decisión ha sido interpretada como un mecanismo para proteger a aliados políticos en lugar de promover la rendición de cuentas.
La postulación de candidatos de Morena con antecedentes cuestionables en legislaturas y alcaldías refuerza la percepción de un "neo PRI" donde los intereses políticos priman sobre la ética.
Las reformas estructurales de poder se han sustentado en pactos con figuras controvertidas, como Miguel Ángel Yunes, exgobernador de Veracruz acusado de corrupción (*Reforma*, 2023), cuya influencia ha asegurado el apoyo legislativo a iniciativas clave de la administración.
Asimismo, políticos vinculados a antiguas élites corruptas, como los cercanos a los exgobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Mario Marín (Puebla) y Roberto Sandoval (Nayarit), han regresado al poder bajo el amparo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o incluso Morena, perpetuando dinámicas de impunidad (*Milenio*, 25 de julio de 2025). Un caso particularmente relevante es el de Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora (2009-2015) del PAN, condenado por corrupción y desvío de 8.9 millones de dólares a cuentas en EE.UU. (*Wikipedia*, 23 de noviembre de 2024). A pesar de su historial—fue buscado por la Interpol por cargos de extorsión y enriquecimiento ilícito—cercanos a Padrés aparecieron en las boletas electorales de 2024 bajo el respaldo de Morena y el PVEM, evidenciando una tolerancia hacia redes corruptas previamente denunciadas (*El Universal*, 15 de junio de 2024).
La Corrupción del Silencio y la Impunidad Creciente
La corrupción en 2025 trasciende los esquemas financieros tradicionales, manifestándose en la erosión de la rendición de cuentas.
La opacidad en los megaproyectos militares, como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, con auditorías limitadas (*Corte de Cuentas*, 2024), y la percepción de impunidad en casos de alto perfil—como el manejo de la pandemia o los contratos de obra pública—indican un enfoque selectivo en el combate a la corrupción. La expansión del fuero militar, que protege a soldados involucrados en operaciones de seguridad (*La Jornada*, 18 de julio de 2025), agrava esta tendencia, blindando potenciales abusos.
El narco-militarismo se perfila como una consecuencia alarmante. La *International Crisis Group* (2024) advierte que la integración del Ejército en la economía civil, combinada con la histórica infiltración del crimen organizado en instituciones, podría facilitar la corrupción sistémica. **Un caso paradigmático es el nombramiento de Adrián Rubalcava, líder vinculado al denominado "Cartel del Dragón", como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, según *El Financiero* (17 de marzo de 2025). Esta decisión, respaldada por Sandra Cuevas y Clara Brugada, ha sido vista como un premio político que protege a figuras controvertidas, consolidando la narrativa de un narco-militarismo encubierto.
Reflexión sobre la Transformación del Poder
El "neo PRI" militarizado no es una mera etiqueta, sino una descripción de una continuidad transformada. La corrupción, lejos de ser erradicada, ha adoptado nuevas formas: la centralización del poder como instrumento de control, la militarización como escudo de opacidad, el clientelismo como mecanismo de lealtad y las alianzas con figuras corruptas como estrategia de consolidación política. El narco-militarismo, al entrelazar al Estado con intereses del crimen organizado, amplifica estos riesgos. En 2025, el desafío para México trasciende la identificación de estos vicios; requiere desmantelar las estructuras que los perpetúan, demandando una rendición de cuentas transparente y una redefinición del rol del Ejército. La promesa de una nueva era de justicia ha cedido ante una metamorfosis que exige un escrutinio profundo para asegurar un futuro de desarrollo y equidad.