La Cuarta Transformación (4T), el proyecto político encabezado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se vendió como una ruptura con la corrupción endémica de México, prometiendo "cero impunidad" y una transformación moral del país. Sin embargo, a siete años de su inicio, la narrativa de la 4T enfrenta una contradicción dolorosa: los mismos vicios que criticó en sexenios pasados —corrupción, nexos con el crimen organizado y negligencia— han emergido en su propio seno, agravados por tragedias como el accidente del Puente de la Concordia en septiembre de 2025. Este artículo explora la dicotomía de la 4T, centrándose en las acusaciones de AMLO contra administraciones anteriores, los escándalos de huachicol que involucran a figuras cercanas a su gobierno y el impacto de una tragedia que, lejos de ser un distractor, expuso las grietas de su proyecto.
La narrativa de AMLO: "El presidente lo sabe todo"
La piedra angular de la propaganda de la 4T fue la denuncia implacable contra la corrupción de los sexenios anteriores, particularmente los de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). AMLO construyó su discurso sobre una premisa clara: los grandes negocios ilícitos en México no podían ocurrir sin la complicidad del presidente. Tres frases icónicas, pronunciadas en distintos momentos de su mandato, encapsulan esta narrativa:
1. **28 de septiembre de 2019, Guachochi, Chihuahua**: "El presidente de México se entera de todo. No hay negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Si hacen una transa grande, grande, grande, es porque el presidente lo permitió".
2. **9 de agosto de 2019, Zacatecas**: "Los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del Presidente".
3. **28 de diciembre de 2018, conferencia matutina**: "Un negocio ilícito siempre lleva el visto bueno del presidente".
Estas declaraciones, repetidas en conferencias matutinas y mítines, apuntaron directamente a Calderón, a quien AMLO acusó de saber que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, protegía al Cártel de Sinaloa. La condena de García Luna en Estados Unidos en octubre de 2024 (38 años de prisión por narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero) pareció validar la narrativa de la 4T: testimonios como el de Jesús "El Rey" Zambada confirmaron que García Luna recibía sobornos millonarios para facilitar envíos de cocaína y combatir a cárteles rivales. La frase de AMLO resonó como un arma poderosa, consolidando la imagen de un gobierno que exponía la podredumbre del pasado.
El espejo de la 4T: escándalos en su propio patio
Sin embargo, la misma lógica que AMLO usó para atacar a sus predecesores ahora se vuelve en su contra. Escándalos recientes han revelado que figuras clave de la 4T, desde familiares hasta altos funcionarios, están vinculadas a redes de corrupción y crimen organizado, precisamente en los rubros que el gobierno prometió erradicar: huachicol, lavado de dinero y nexos con cárteles. Tres casos destacan como ejemplos de esta dicotomía.
1. Lavado de dinero y el círculo cercano
La acusación de que "todo gran negocio corrupto lleva el visto bueno del presidente" ha sido invocada contra AMLO por presuntos lazos de su hijo mayor, Andrés Manuel López Beltrán (Andy), con redes de lavado de dinero. Según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y filtraciones de inteligencia, Andy estaría involucrado en contratos irregulares en Pemex y Segalmex, con flujos financieros ligados a empresas fantasma que coinciden con las operaciones de García Luna. Por ejemplo, en 2024, MCCI reportó compras sobrevaloradas en el Malecón de Villahermosa, donde Andy y su hermano Gonzalo habrían recibido beneficios indirectos. Aunque ambos negaron las acusaciones en una carta pública, la falta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ha alimentado críticas en redes sociales y medios opositores, donde usuarios como @jcblancoc4 preguntan: "¿AMLO sabía y dio su visto bueno?".
2. Huachicol fiscal en la Secretaría de Marina
El segundo golpe a la narrativa de la 4T llegó en septiembre de 2025, con la detención de 14 personas, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (sobrino político del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán) y nueve marinos, por operar una red de "huachicol fiscal". Esta modalidad, más sofisticada que el robo tradicional de combustible, consiste en importar diésel y gas LP de Estados Unidos, subvaluándolo para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La red, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operaba en 18 estados y generó pérdidas fiscales estimadas en 20 veces el monto de la Estafa Maestra.
El caso es particularmente escandaloso porque AMLO otorgó el control de aduanas y puertos a la Semar en 2020, con la promesa de combatir el huachicol. Sin embargo, un decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico en marzo de 2025, junto con un manuscrito del contralmirante Fernando Guerrero Alcántara (asesinado en noviembre de 2024), implican a Farías y Ojeda en nepotismo y protección de la red. La Auditoría Superior de la Federación detectó omisiones en controles aduaneros desde 2021, y opositores como Ricardo Anaya han exigido investigar a AMLO, citando su propia frase: "Si hay huachicol, el presidente lo permitió".
3. Adán Augusto y La Barredora
El tercer caso involucra a Adán Augusto López Hernández, primo de AMLO y ex secretario de Gobernación (2020-2024), quien como gobernador de Tabasco (2019-2021) nombró a Hernán Bermúdez Requena ("Comandante H") como secretario de Seguridad. Bermúdez enfrenta una orden de aprehensión desde febrero de 2025 por liderar "La Barredora", una célula del CJNG dedicada a huachicol, extorsión y narcomenudeo. Filtraciones de la Sedena (Guacamaya, 2022) revelan que Bermúdez facilitó el control de plazas criminales, liberó detenidos a cambio de sobornos y protegió el robo de 38 millones de litros de combustible en Dos Bocas. Aunque Adán Augusto no está formalmente acusado, reportes militares lo mencionan en pagos por "trabajos" ligados a ejecuciones. Morena lo defiende como víctima de "politiquería", pero la oposición compara su caso con el de Calderón-García Luna, exigiendo rendición de cuentas.
El Puente de la Concordia: una tragedia que expone la hipocresía
El accidente del 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, marcó un punto de inflexión en esta dicotomía. Una pipa de Transportadora Silza S.A. de C.V., filial de Grupo Tomza, volcó en la Calzada Ignacio Zaragoza con 50,000 litros de gas LP, desencadenando una explosión que dejó 10 muertos, 94 heridos (22 en estado crítico) y daños a 20 vehículos y estructuras. Inicialmente, el gobierno de la 4T pareció usar la tragedia como distractor para desviar la atención de los escándalos de huachicol en la Semar. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Sheinbaum anunciaron apoyos de emergencia y prometieron justicia, pero evitaron mencionar irregularidades estructurales.
Sin embargo, las investigaciones pronto revelaron que Silza y Grupo Tomza, dirigidos por el empresario Tomás Zaragoza, están ligados al mismo huachicol fiscal que la Semar. Reportes de MCCI y la ASEA muestran que Tomza ha importado combustible subvaluado desde EE.UU., evadiendo impuestos y generando pérdidas millonarias. Además, Zaragoza donó millones a campañas de Morena y obtuvo contratos para "Gas Bienestar", el programa social de la 4T. La pipa accidentada carecía de pólizas de seguro vigentes, violando normativas de Semarnat, y hay sospechas de que transportaba carga "huachicolera" sobrecargada, lo que pudo contribuir al volcamiento. En redes, usuarios como @QuintanaRuben4 han viralizado la frase de AMLO: "No hay negocio jugoso sin el visto bueno del presidente", exigiendo respuestas sobre por qué una empresa beneficiada por la 4T causó una tragedia evitable.
## La dicotomía al descubierto
La narrativa de la 4T, que prometió erradicar la corrupción y el crimen, se desmorona ante estos hechos. AMLO usó el caso García Luna para deslegitimar a Calderón, pero ahora enfrenta acusaciones similares: lavado de dinero en su círculo familiar, huachicol fiscal bajo la Semar y nexos con el CJNG en Tabasco. La tragedia del Puente de la Concordia no solo expuso negligencia regulatoria, sino que conectó directamente a una empresa favorecida por la 4T con el mismo delito que juraron combatir. La frase de AMLO, repetida como mantra, se ha convertido en un boomerang: si el presidente "se entera de todo", ¿cómo explicar estos escándalos sin implicarlo?
En X, hashtags como #HuachicolFiscal y #PuenteConcordia reflejan la indignación pública. Opositores como el PAN y PRI exigen auditorías a Tomza, Ojeda y Adán Augusto, mientras Morena descalifica las acusaciones como "ataques políticos". La falta de investigaciones profundas por parte de la FGR y el enfoque en "apoyos" en lugar de rendición de cuentas alimentan la percepción de encubrimiento. Como señala el analista Carlos Bravo Regidor, la 4T enfrenta una "crisis de credibilidad" donde su discurso anticorrupción choca con una realidad sistémica: la corrupción no es de un partido, sino estructural.
La 4T se propuso como un cambio histórico, pero los escándalos de huachicol, lavado de dinero y tragedias como la del Puente de la Concordia revelan una dicotomía insalvable: lo que se condenó en el pasado persiste en el presente. La frase de AMLO —"el presidente lo sabe todo"— resuena ahora como un eco incómodo, cuestionando el legado de un proyecto que prometió transformar México. Si las investigaciones avanzan, podrían redefinir la percepción de la 4T, pero por ahora, la tragedia y la corrupción siguen siendo un recordatorio brutal de que las promesas políticas no siempre resisten el peso de los hechos.
**Fuentes**: Conferencias matutinas de AMLO (2018-2024), reportes de MCCI, filtraciones de Sedena (Guacamaya), investigaciones de la FGR y ASEA, notas periodísticas de Proceso, Animal Político y El Universal, y publicaciones en X (2024-2025).