Cuando en 2018 el actual proyecto de gobierno llegó al poder, el kilo de tortilla costaba, en promedio, 14 pesos a nivel nacional. Hoy, a mediados de abril de 2026, el precio promedio ronda los 24 pesos por kilo según el SNIIM, con variaciones que van desde poco más de 16 pesos en zonas de Puebla hasta más de 30 pesos en ciudades fronterizas o turísticas. Por si fuera poco, el Consejo Nacional de la Tortilla advirtió que, a partir del 15 de abril, en varias regiones el ajuste será de entre 2 y 4 pesos adicionales. El gobierno responde que no hay justificación porque el maíz en grano está barato y el acuerdo con la industria se mantiene; sin embargo, la realidad es más compleja y mucho más incómoda.
De la promesa de soberanía alimentaria a la dependencia récord
La frase “sin maíz no hay país” fue la bandera de la narrativa oficial. Se utilizó para justificar prohibiciones constitucionales y decretos contra el cultivo de **maíz transgénico**, argumentando la protección de las variedades nativas, la biodiversidad y la salud. El resultado concreto ha sido opuesto:
* México produce de manera menos eficiente el maíz que necesita.
* Importa cantidades récord de maíz estadounidense, mayoritariamente transgénico y más barato debido a sus mayores rendimientos.
En los primeros dos meses de 2026, Estados Unidos exportó a México casi 4 millones de toneladas de maíz (3.95 millones exactamente), un récord para ese periodo y un aumento del 11% respecto al mismo lapso de 2025. Las proyecciones para el año completo rondan los 25-26 millones de toneladas. Así, México se consolida como el principal importador mundial de maíz de EE. UU., mientras la producción nacional enfrenta limitaciones estructurales.
Las variedades convencionales y criollas, al carecer de genes de resistencia a plagas o tolerancia a la sequía presentes en los transgénicos, ofrecen rendimientos inferiores (frecuentemente entre 1.5 y 5 toneladas por hectárea, frente a las 10-15 toneladas en campos estadounidenses con tecnología avanzada). Son más susceptibles a enfermedades y variaciones climáticas, por lo que requieren más plaguicidas, más hectáreas y conllevan un mayor riesgo. El campesino mexicano, a quien supuestamente se protege, termina siendo menos competitivo. El maíz nacional para tortilla resulta más caro e inestable, mientras se importan millones de toneladas del grano que aquí se prohíbe sembrar.
La doble extorsión que encarece la cadena
El problema no se limita al campo. Quien produce, transporta o vende enfrenta una doble presión:
1. Extorsión criminal: El “derecho de piso” a campesinos (en productos como limón, aguacate, ganado y granos), asaltos y cobros a transportistas en carreteras, y la extorsión a pequeños comerciantes. En estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero o Sinaloa, grupos criminales controlan partes clave de la cadena. Esto actúa como un impuesto paralelo que reduce márgenes y se traslada al precio final.
2. Extorsión estatal vía sobrerregulación: Impuestos, trámites y normativas que ahogan a los sectores productivos para financiar programas sociales y proyectos de alto costo con resultados cuestionables. Pemex sigue requiriendo apoyos millonarios pese a la compra de la refinería Deer Park y la construcción de Dos Bocas. Aunque estos esfuerzos aumentaron la capacidad de refinación, no han logrado romper el ancla al precio internacional del crudo y sus derivados.
El “gas up” como excusa conveniente
Ante el inminente ajuste en la tortilla, se señala el conflicto en Medio Oriente como responsable del “gas up” (alza en combustibles). Si bien las tensiones elevan el petróleo y, por ende, la gasolina, el diésel y el gas LP, ese factor coyuntural no explica el aumento acumulado desde 2018. La tortilla ya había subido más del 70% antes de este último conflicto. Los costos internos —transporte encarecido por la inseguridad, energía, refacciones, salarios y márgenes comprimidos por años— son el problema de fondo que los tortilleros ya no pueden absorber.
El maíz en grano puede estar “barato” internacionalmente, pero la suma de ineficiencias locales y logística costosa lo encarece en la práctica. Cuando sube el diésel, todo sube: desde llevar el maíz al molino hasta distribuir la tortilla.
El círculo vicioso
El patrón es claro:
* Políticas que castigan la productividad (prohibición de biotecnología y sobrecarga regulatoria).
* Incapacidad para garantizar seguridad básica en carreteras y zonas productivas.
* Gasto público orientado al consumo y clientelas políticas, con escaso énfasis en inversión productiva y Estado de derecho.
**Resultado:** Mayor dependencia externa, costos internos elevados, inflación en alimentos básicos y, paradójicamente, una mayor necesidad de subsidios que terminan financiándose con deuda o presión fiscal sobre los mismos productores.
“Sin maíz no hay país” sonaba poderoso como eslogan. En la práctica, se tradujo en más importaciones de transgénicos, un maíz nacional más caro, una tortilla que pasó de 14 a 24 pesos y un sector productivo que carga con la extorsión mientras se premia la dependencia. El gobierno podrá culpar a guerras lejanas, pero mientras no se corrijan los incentivos y se combata la inseguridad, la frase seguirá siendo solo nostalgia ideológica.